La auditoría voluntaria no tiene su origen en una obligación legal y suele ser acordada por los órganos de gobierno de la sociedad.

Las circunstancias que hacen que una empresa esté en la obligación de auditarse son de diversa índole: volumen de cifra de negocios, importe total de activos, número de empleados, sector de actividad, haber recibido subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas o a fondos de la Unión Europea, entre otras.

No obstante, existen muchas pequeñas y medianas empresas que, si bien no cumplen los requisitos obligatorios para auditar sus cuentas anuales, sí les gustaría obtener un informe de auditoría con la opinión de un profesional independiente.

Lee el artículo entero en Cinco Días.